Fue una fecha que pasó inadvertida por los avatares de un septiembre movido. Se cumplieron dos años de la implementación del nuevo código procesal penal en los centros judiciales de la capital y de Monteros. En estos 24 meses, según la información de la oficina de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, se dictaron 3.217 condenas, un 20% más de las dictadas entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de agosto de 2020, que fueron 2.545.
El promedio mensual de sentencias dictadas con el nuevo digesto es de 143, mientras que con el viejo sistema era de 57. Los detractores aseguran que cantidad no es lo mismo que calidad. En otras palabras, sostienen que los números están inflados con resoluciones de causas menores y todavía no hubo ninguna condena por corrupción o contra algún poderoso. En el Poder Judicial desacreditan esa teoría. Aseguran que hay investigaciones en marcha y si existe alguna demora es porque estas pesquisas no son fáciles de realizar. También tienen un ejemplo: la denuncia en contra del legislador Roberto Palina por supuesto abuso sexual sigue adelante, pese a que la familia de la víctima retiró la denuncia.
El espíritu del nuevo código es claro: resolver las causas menores lo más rápido posible para dedicarles mayor esfuerzo a las más complejas. Por esa razón, muchos tucumanos comenzaron a acostumbrarse a términos como “juicios abreviados” o “condenas condicionales” o “salidas alternativas”. Parte de la sociedad sostiene que esa es una manera de favorecer a los delincuentes. Pero hay otra realidad: en los dos años de vida del nuevo sistema, de los 5.895 legajos que se abrieron, en 4.921 se imputó de algún delito a alguna persona y hubo 3.217 condenas.
Los fríos números a veces no sirven para explicar ciertas cuestiones. Por ejemplo, como no ocurre hace años, en nuestra provincia se registraron dos femicidios en lo que va del año, lo que representa el 10% de los contabilizados en 2020. El Estado no avanzó en la lucha contra la violencia de género ni creó refugios para las víctimas. La Justicia, dejó de lado las inútiles medidas de protección y dictó más de 800 condenas en contra de los acusados. Las “mecheras”, que llegaban a acumular decenas de causas, pero nunca tenían una sanción penal porque se trataban de casos “menores”, hoy terminan la cárcel con penas mínimas, que se irán incrementando con cada proceso que se les abra.
Esfuerzo
El nuevo código se sostiene con el esfuerzo de los funcionarios judiciales. La cuestión es determinar hasta cuándo podrán aguantar. Hay demasiadas carencias que quedan al descubierto en cada caso. Siguen sin cubrirse cargos en el colegio de jueces y juezas y en los ministerios Público Fiscal y Pupilar de la Defensa. Los dos últimos se cubrieron con la designación de auxiliares (sin ellos el sistema hubiera colapsado), pero no sucede lo mismo con los magistrados. Actualmente son 22, pero tendrían que ser 36, y dos de ellos, por ejemplo, se encargan de los dos juzgados de Ejecución que no tienen titulares.
Los humanos no son los únicos recursos que escasean. Por falta de mayor equipamiento, hay demoras de entre 30 y 120 días para realizar una pericia genética, prueba clave e indiscutible en cualquier tipo de delito. También hay problemas para analizar las imágenes que toman las cámaras de seguridad de particulares y los archivos que guardan los celulares. Las víctimas de abusos sexuales (menores o mayores) deben esperar hasta un mes para ser entrevistadas en Cámara Gesell.
También es cierto que los operadores judiciales no terminan de acostumbrarse al nuevo código. “Esquizofrenia judicial” fue el término que utilizó el juez Facundo Maggio para referirse a los excesivos planteos que realizan las partes en cada proceso. El Caso Zarlenga es una prueba de ello: desde que se registró el hecho, en menos de cinco meses se realizaron al menos 12 audiencias y el proceso sigue en resolverse. Es un expediente que pudo haberse resuelto rápidamente aceptando la culpabilidad y resarciendo económicamente a las familias de los fallecidos y no generar un desgaste del acusado y de las víctimas.
Otro desafío
El nuevo código está a punto de afrontar otro gran desafío: hacerse cargo del narcomenudeo. La lucha contra este flagelo generará una gran cantidad de causas para atender. En Tucumán busca no repetir los errores cometidos en otras provincias: utilizar la misma estructura generó varios problemas en sus sistemas. Por ese motivo, no suena “caprichosa” la idea de los funcionarios del Poder Judicial en contar con nuevos fiscales, defensores y jueces para atender estos legajos.
La tarea no será sencilla. Los funcionarios afrontarán un problema que, después de tantos años sin que se le haya hallado una solución, está enquistado a lo largo y a lo ancho de la provincia, de barrios de la periferia, de clase media y alta. Son conscientes de que ellos podrán llevar adelante la persecución penal, pero si el Estado no se ocupa de la cuestión social y sanitaria, su trabajo sólo servirá para llenar los atestados calabozos de la comisaría.